Una serie de gestiones ante el próximo ministro de Justicia, el radical Isidro Solís, inició el senador electo de la Segunda Región, José Antonio Gómez (PRSD), con el fin de lograr una rápida solución a la paralización que afecta al proyecto de la nueva cárcel de Antofagasta, informó el Mercurio de Antofagasta.
Gómez se mostró confiado en que el futuro secretario de Estado -de quien dijo ser amigo además de colega de partido- brindará especial atención al problema carcelario de la ciudad, el cual ya se arrastra por más de un año.
"Hay un compromiso de preocuparse y de acelerar los procesos, porque el ministro por sí solo no tiene facultades para resolver nada, pero lo que sí puede hacer es apurar los trámites a través de los mecanismos especiales que para estos efectos tiene el Gobierno", indicó el parlamentario electo.
José Antonio Gómez agregó que Isidro Solís ya está al tanto de la paralización de obras en Antofagasta y que comparte plenamente la preocupación por los retrasos en el proyecto y por los problemas de pago que sufren decenas de pequeñas empresas contratistas y subcontratistas.
El senador también se declaró a favor de legislar para que, frente a dificultades similares, el Estado pueda en el futuro hacerse cargo de las obras paralizadas dejando para más adelante la resolución legal de sus diferencias con las empresas que no cumplieron los contratos.
Gómez se mostró confiado en que el futuro secretario de Estado -de quien dijo ser amigo además de colega de partido- brindará especial atención al problema carcelario de la ciudad, el cual ya se arrastra por más de un año.
"Hay un compromiso de preocuparse y de acelerar los procesos, porque el ministro por sí solo no tiene facultades para resolver nada, pero lo que sí puede hacer es apurar los trámites a través de los mecanismos especiales que para estos efectos tiene el Gobierno", indicó el parlamentario electo.
José Antonio Gómez agregó que Isidro Solís ya está al tanto de la paralización de obras en Antofagasta y que comparte plenamente la preocupación por los retrasos en el proyecto y por los problemas de pago que sufren decenas de pequeñas empresas contratistas y subcontratistas.
El senador también se declaró a favor de legislar para que, frente a dificultades similares, el Estado pueda en el futuro hacerse cargo de las obras paralizadas dejando para más adelante la resolución legal de sus diferencias con las empresas que no cumplieron los contratos.
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